Comienza el 2011 y los imperativos políticos no pueden seguir esperando es alarmante y extremadamente preocupante que la agenda progresista este en mora, más aun, en momentos en que el gobierno anuncia que será este el año de las reformas estructurales. Siete reformas que buscan profundizar el modelo de mercado en instalar una sociedad solidificada en la concepción de la eficiencia mercantil y orientada en la despolitización de la misma. Para la muestra un botón, en materia de Aseguradora de Fondos Previsionales (AFP) el gobierno centra la discusión en una “reforma” complaciente al modelo económico, donde no presenta una alternativa con un rol preponderante del estado en la administración de los fondos previsionales. En este orden, ni siquiera pensar en la AFP estatal.
En materia Educacional, donde quiero referirme más en extenso, los cambios fueron cuantitativos y cualitativos en el nivel secundario, y se avizoran reformas importantes para el nivel superior.
Así en materia de Educación Secundaria, fuimos testigos de la implementación de los Colegios Bicentenario cuyo rol social se encuentra sumamente cuestionado; el envío al Congreso de la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación la cual sufrió modificaciones promovidas por parlamentarios de la concertación; la Ley que implementara la Prueba inicia y la Ley sobre Calidad y Equidad de la Educación (“la gran reforma a la educación”). Esta última, realizada a espaldas de los gremios involucrados y cuyo proyecto fue enviado con carácter de urgente con la evidente intención de ser aprobado durante los meses estivales (diciembre-enero) y así evitar las manifestaciones estudiantiles durante el mes de marzo, y que acarreó además, la imposibilidad del parlamento de dar una discusión apropiada por la urgencia que reviste el proyecto.
En materia de Educación Superior las medidas anunciadas a mediados del año pasado por parte del gobierno, mediante el jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC, Juan José Ugarte, tenían por objeto modificar sustancialmente la institucionalidad, financiamiento y sistema de créditos de esta. Todo esto con la clara intención de dar un tratamiento uniforme a los 60 planteles de Educación Superior existentes en Chile, sin considerar las diferencias estructurales y la ausencia de un carácter público en la mayoría de ellas. Y más aun, sin considerar la alegoría, de las Universidades Publico Tradicionales, por un mejor y nuevo trato.
Sobre los cambios que necesita la Educación Superior mucho se ha dicho y de lo ya dicho casi nada nuevo, hasta el punto del hastío, y más aún, poco se ha profundizado.
Para iniciar la reflexión, no puedo dejar de mencionar el freno provocado por el movimiento estudiantil a las reformas anunciadas por el MINEDUC. En las prioridades del año pasado no estuvo la Educación Superior y el insoslayable cambio de agenda trasladará esta discusión al presente año. El gobierno ya cuenta con una oferta que realizar al país y la envergadura de la misma no debe dejarnos ensimismados ni perplejos, por el contrario, debe encender todas las alertas y preparar la artillería para hacerle frente. Pero es acá donde debemos hacer correcciones al tradicional libreto de acción y reacción, el gobierno propone nosotros nos movilizamos. Debemos presentar un paquete de medidas de cambio tanto estructurales como de funcionamiento, además, de cambiar el foco de discusión desde el mercado a lo público, desde la eficiencia a la calidad, desde el corporativismo a la participación. Así:
Sostener al Estado como garante real de la Educación Superior Pública y regulador de su mercado privado. El rol del Estado respecto de sus universidades debe ser consistente, si este se enriquece con la productividad del capital profesional debe encargarse de sostener, económica y académicamente, su formación. Las universidades estatales son activos públicos que pertenecen a toda la sociedad y deben ser protegidas y sostenidas por el Estado para el cabal cumplimiento de su rol social. La protección del sistema público implica, necesariamente, la regulación de la oferta privada su creación e implementación.
Empoderar al estudiante en su carácter de miembro de una comunidad universitaria heterogénea y compleja. El estamento estudiantil, esencial e históricamente, ha sido el parlante amplificador sostenido y crítico al estatus quo. Luego de las reformas del ochenta y uno se procedió a colocar al estudiante como un consumidor al interior de un mercado competitivo, donde él paga por un insumo: La Educación. Hoy su conformación es estamental al interior de una comunidad, con un rol institucional y un carácter fiscalizador y programador.
Fortalecimiento de las universidades regionales. El desarrollo del país y sus regiones, la investigación, ciencia y tecnología, está promovido principalmente por las universidades produciendo así aportes significativos al progreso nacional. Las universidades regionales producen una identificación entre esta y su región generando un fuerte nexo cultural y de identidad. La oferta educacional en las regiones del país debe ser de la más alta calidad y excelencia, el Estado debe sostener el mantenimiento y crecimiento de las mismas implementando, si es necesario, asignaciones especiales. El desarrollo de nuestras regiones pasa porque el estado tenga la capacidad de generar una oferta de alta excelencia y calidad.
Financiamiento proveniente de aportes del Estado y no de las familias. Quizás la más emblemática de las demandas estudiantiles, su propósito es fuertemente revolucionario un cambio en este sentido generaría una nueva Educación Superior. Fortalecimiento de la oferta educacional por sobre el subsidio a la demanda de la misma, lo que podría traer como consecuencia una reducción de los aranceles (de los más altos en Latinoamérica), aumento del Aporte Fiscal Directo y eliminación del Aporte Fiscal Indirecto basados en criterios competitivos y sin contenido público, son las principales demandas en este sentido.
La defensa de la Educación Pública debe mantenerse intacta y perenne, nuestro deber es inyectarle vitalidad al movimiento estudiantil y la unidad de las fuerzas políticas opositoras, un deber imperativo.
